Al borde de los cincuenta mil muertos por Covid-19, más de 4 millones de despedidos, denuncias de mil personas desaparecidas, entre otras cifras, son el reflejo de un mal gobierno para el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, quien demanda impuesto a la riqueza, bono de 1000 soles para todos, reactivación de la construcción, así como reforma del sistema de pensiones para que todo peruano cuente con una pensión justa sin excepciones.

—Ustedes han señalado que Reactiva Perú no es realmente efectiva. ¿Por qué?

—Porque lo principal es que la economía familiar ha quebrado, pues más del 70% de peruanos vive de la economía informal. Primero debió entregarse un bono universal de 1000 soles para cada peruano, pues los bonos entregados a algunas familias no alivian en nada el hambre y las deudas de más de 140 días de cuarentena. Además, se han despedido a más de 4 millones de trabajadores, generando un mayor empobrecimiento de las clases bajas e incluso la clase media, lo que se evidencia fácilmente en la deserción educativa en todos los niveles. Mientras tanto, el “Reactiva Perú” ha servido para que personas como el billonario peruano Carlos Rodríguez Pastor cobren millones para sus empresas, mientras en el mundo más de 80 millonarios han exigido que se le cobre más impuestos a fin de colaborar con la lucha contra el Covid-19. Ese es el tipo de ricos que tenemos en el Perú, empobrecidos moralmente, pero enriquecidos monetariamente por Martín Vizcarra en plena pandemia.

—¿Reactiva Perú apunta realmente para reactivar la economía?

—Reactiva Perú es un bono para los ricos. Se ha financia­do empresas investigadas por corrupción, lavado de activos, entre otros. También empresas de millonarios, como lo he­mos dicho, que no necesitan mayor apoyo, y empresas que han seguido laborando en esta pandemia y que se han bene­ficiado aun más de ella, como las clínicas que cobran medio millón de soles por paciente con Covid-19. Con el Reactiva Perú, el Gobierno ha favorecido a los ricos, a los que más tienen; y como contraparte, en el mismo paquete, se ha implementado un impuesto a la pobreza, pues todos los peruanos estamos ava­lando con dinero del Estado el 98% de la deuda del Reactiva Perú. Ese dinero no ha servido para conservar puestos labora­les, sino para financiar despidos. Tiene razón el economista Hum­berto Campodónico cuando se pregunta con qué dinero se va a comprar los bienes o servicios de las empresas beneficiadas con el Reactiva Perú si se ha perdido alrededor del 50% de la masa salarial y no se entrega dinero a la gente. Se necesita un impuesto a la riqueza. No enten­demos el temor de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y del presidente Martín Vizcarra de implementarlo. Eso y un bono de 1000 soles para todos los peruanos.

—Sin embargo, sí se ha otorgado un bono universal a los peruanos.

—Es un bono familiar que no ha llegado a todas las fami­lias. Además, esos 760 soles no compensan en nada a una familia durante cuatro meses de encierro. Hacer vivir a una familia con 5 soles diarios en promedio es conminarlos a una muerte lenta. Con la mi­tad del dinero de Reactiva Perú se pudo otorgar mil soles por cada peruano.

—El mensaje presidencial no ha tocado ninguno de es­tos temas. ¿Qué opinión le merece?

—Martín Vizcarra se ha re­vestido de cifras meramente administrativas, pero no de realidades. Lo mejor que le pasó en su gobierno ha sido ese baño de realidad que recibió en Are­quipa, de donde tuvo que salir veloz y avergonzado. No solo es demérito de él, sino también de su gabinete ministerial y de los empresarios, principalmente los ligados a la Confiep, cuyos inte­reses monetarios chocan con los intereses de los peruanos. Todo se resume en más de 4 millones de nuevos desempleados, 50,000 muertos por Covid-19, más de 1000 denuncias de personas desaparecidas, miles de millones en deudas empresariales que la Sunat no quiere cobrar, una minería irresponsable que solo causa muertos, un sistema de salud colapsado desde el inicio de la cuarentena, un sistema educativo que ha dejado a mi­llones en la calle, un sistema judicial que ha enviado a la cár­cel dorada de su domicilio a los presos por corrupción, y todo ello producto de aproximada­mente 50 años de políticas neo­liberales que desde el gobierno de Francisco Morales Bermúdez hasta la fecha han degradado la sociedad peruana.

—Sin embargo, la Con­fiep, tan denostada por los sindicatos, genera trabajo. ¿No hay un contrasentido en su demanda?

—Estamos en contra del régimen de explotación y el recorte de derechos laborales, contra los despidos masivos, ceses colectivos, suspensión de labores, liquidaciones y el enriquecimiento de los empre­sarios mediante el empobreci­miento de los trabajadores a través de recorte de derechos laborales que promueve la Confiep. Nunca hemos estado contra la empresa o contra las inversiones. Sin embargo, de­bemos señalar algunas cifras. La Confiep solo da trabajo a un millón de personas; el Estado a un millón cuatrocientos mil; pero de las mypes del agro y el turismo dependen 12 millones de personas.

—¿Cambió algo desde que PPK salió del gobierno por corrupción?

—En el fondo, PPK y Viz­carra son parecidos. Sin plan de gobierno, han tenido que acogerse a las demandas de la Confiep, básicamente. Vizcarra tuvo que cambiar de estrategia y batallar contra el Congreso que vacó a PPK. Se libró de ese Congreso y obtuvo carta libre para gobernar a su antojo, sin consultar a nadie, menos a los trabajadores. El actual Congre­so, con todas las críticas que podemos hacerle, al menos deja un espacio para atender la demanda popular, como lo es el haber retirado parte del fondo de las AFP, y actual­mente realizar una discusión sobre la reforma del sistema de pensiones.

—¿Cuáles han sido las propuestas de su Federa­ción en esta pandemia?

—Hemos demandado la reactivación de las obras de construcción, porque absorbe gran cantidad de mano de obra y dinamiza las economías locales. Sin embargo, hemos exigido protocolos de seguridad y salud eficaces contra el Covid-19, pues muchos tra­bajadores se han enfermado al regresar a obras. Y también hemos advertido no bajar la guardia contra las mafias de la construcción, que están al acecho de las obras de la reactivación económica y que han asesinado a Henry Jerson Noé Suárez en Sullana en julio. Con él son 19 diri­gentes de sindicatos afiliados a la FTCCP asesinados por las mafias desde 2011. En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, la Federación de Trabajadores en Construc­ción Civil del Perú propone un sistema de pensiones que reúna al sistema público y al privado y Pensión 65, pero con una administración pú­blica, con el fin de que todo peruano sin excepción tenga una pensión justa. No puede ser posible que ad portas del bicentenario de la República existan peruanos sin pensio­nes y sin trabajo, así como sin educación, agua potable, electricidad, internet, es de­cir, sin todo aquello que actualmente es una necesidad básica y que debiera ser un servicio de carácter público y no privatizado como lo es ahora.

(Tomado del diario UNO, 04 de agosto de 2020: https://diariouno.pe/reactiva-peru-es-un-bono-para-los-ricos/)

 

El presidente Martín Vizcarra nos ha colmado de cifras expectantes en su reciente mensaje a la Nación, pero gran parte de lo señalado contradice lo que sucede a diario en el país: cientos de miles de contagiados y enfermos sin atención médica, despidos masivos, pobreza y hambre por doquier y muertes por Covid-19 en aumento, que el SINADEF señala que son cerca de 50,000 a fines de julio.

Durante la cuarentena se radicalizaron las medidas neoliberales. A los trabajadores nos aplicaron decretos de urgencia para ser despedidos, suspendidos o liquidados. Mientas los empresarios reciben más de 60,000 millones del Reactiva Perú, se despiden a 4 millones de trabajadores, 2.7 millones de ellos en Lima.

En este contexto, los trabajadores nos movilizamos el pasado 23 de julio en la Jornada Nacional de Lucha por la Vida, el Trabajo y el Pan convocada por la CGTP, demandando un bono universal de 1000 soles, porque el hambre y la miseria agobia a los hogares, y por un sentido común: con millones sin trabajo y una pérdida de alrededor del 50% de la masa salarial, ¿con qué dinero se va a comprar bienes y servicios para reactivar la economía?

En construcción civil, específicamente, exigimos la reactivación del sector con una inversión que pase de la promesa a la ejecución, pero con fiscalización. Debido a la falta de fiscalización, campea la informalidad y se elude responsabilidades empresariales frente al Estado y a los trabajadores. Esta y otras prácticas ilegales son recurrentes en todo el país y el Gobierno no implementa medidas de fiscalización eficientes.

Asimismo, debe concretarse la reforma pensionaria y para eso la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) presentó al Congreso de la República su propuesta “Lineamientos para la reforma del sistema pensiones”, el mismo que hemos expuesto en la Comisión Especial Multipartidaria para la reforma del sistema de pensiones. Aun con las críticas que puede hacérsele al Legislativo, debemos señalar que le ha llevado la delantera al Ejecutivo.

Por eso, los trabajadores del sector construcción realizaremos una jornada de protesta el 18 de agosto para exigir la reactivación de la construcción, protocolos de seguridad y salud efectivos para evitar accidentes y contagio de Covid-19 en obras, bono universal de 1000 soles para todos los peruanos y la reforma de pensiones para que todo peruano tenga una pensión justa sin excepción.

 (Tomado del elperfil.pe, 30 de julio de 2020)

La FTCCP rechaza la violencia represiva de la Policía que defiende los intereses de la empresa minera Glencore, golpeando jóvenes y mujeres en protesta y dejando cinco heridos por impacto de balas, entre ellos dos menores de edad.

Los dirigentes de Espinar exigen un bono de 1000 soles para 44,000 pobladores en medio de esta crisis por la pandemia del Covid-19, en una provincia donde solo el 34% recibió los bonos del Estado.

Los bonos serían otorgados del fondo del convenio marco entre la minera y los representantes de la provincia de Espinar, lo que aplacaría el hambre y la miseria de los pobladores, muchos de ellos contaminados con metales tóxicos por encima de los límites máximos permisibles: mercurio, cadmio y arsénico.

¡Por un diálogo sin balas!

 

Sra. Congresista Carmen Omonte, Presidenta de la Comisión, en representación de la FTCCP le expreso mi saludo y por su intermedio a los Congresistas presentes en esta sesión.

El aporte que mi organización sindical ha presentado conlleva la esperanza que todos tengamos protección social, sin exclusiones, como la que ocurre con mis compañeros de construccion civil, quienes ante la exigencia de 20 años de aporte, quedaron al final de su vida activa, en el desamparo. Por eso, apuntamos en primer lugar a la desaparición de esta injusta situation, y reclamamos su recuperacion.

El esquema de la exposición, consiste en primer lugar el fundamentar porque el sistema de pensiones que se propone debe ser público, y mixto, para luego exponer la fórmula que se propone.

En resumen, debe ser PUBLICO porque es inherente a un Estado Social Democrático de Derecho, que es estructural constitucionalmente al Estado actual; por eso se llama “núcleo duro”, que no puede modificarse a través de leyes ordinarias, sin atentar contra la Constitución.

No puede ser privado porque el Estado no puede constituir estos sistemas.

No puede ser solo público o solo privado porque ambos tienen falencias.

En consecuencia, lo óptimo debe ser un sistema complementario o mixto, bajo una dirección publica, que es lo que se propone.

Ahora paso a presentar la propuesta de la FTCCP, que consta de tres pilares. Se explica brevemente.

SOBRE EL DOCUMENTO

El documento denominado “Lineamientos Generales de una Propuesta-de Pensiones, contiene cinco Capitulos, los Cuatro primeros, constituyen el insumo que recogimos de las normas de la OIT sus pronunciamientos, así como los planteamientos especializados del BID, Banco Muncial, de la Comision de Protección Social (2017), del Sistema Pensionario de SUECIA, entre otros. 

De todo ello surgió la inquietud que el Perú requiere de un Sistema Integrado Mixto -Publico.

Brevemente fundamentare, porque es viable el sistema en referencia, para concluir con el diseño de la

SISTEMA PÚBLICO

La vigente Constitucion, si bien no hace referencia especifica a los principios de la seguridad social, ello no es obice para reconocer el principio de la solidaridad, propio de un Estado Social en que debe primar la finalidad distributiva.

La Constitución, refiere un modelo de sistema universal de eficacia diferida, reconociendo el derecho a la seguridad social de toda persona, que se obtiene progresivamente; señalando el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixta.

 De ello se tiene que se permite que se establezcan relaciones complementarias o alternativas entre los sistemas públicos y privados, con la necesaria primacía del sistema público, dado que el Estado no puede forzar el funcionamiento de los sistemas privados, aunque si fomentarlos.

 Podemos decir que la existencia y mantenimiento del sistema público es un núcleo duro de la Constitución que sustenta la obligación del Estado de brindar seguridad social a su población, por la característica estructural de ser Democrático y Social de Derecho.

     Razones por las cuales concluimos que un sistema integrado de pensiones debe ser Publico.

 SOBRE EL MODELO ALTERNATIVO

 El modelo alternativo que consiste en la elección entre lo público y privado en que los trabajadores deciden excluyentemente entre ellos, no es un modelo adecuado para el funcionamiento de un sistema de pensiones.

 La experiencia demuestra que entre estos sistemas existe una competencia inequitativa, como la promoción de disposiciones que facilitaron el traslado del SNP al SPP, pero no viceversa. Si bien el Tribunal Constitucional trató de poner reglas para el retorno al SNP, estas no solucionaron el problema estructural del modelo alternativo.

 De otro lado, el funcionamiento del SPP no ha sido del todo satisfactorio, por las altas comisiones, baja cobertura, costos administrativos; y otros factores ya conocidos. 

 En general, podemos decir que los sistemas capitalizados no son necesariamente más baratos de administrar que los públicos, ni tampoco son más eficientes a la hora de invertir el dinero de los cotizantes; por cuanto, cuando son obligatorios, pero su gestión se deja en manos privadas, no satisfacen el principio de gestión democrática  y No pueden proporcionar una pensión de jubilación garantizada, ni tampoco el grado de solidaridad necesario para proporcionar pensiones mínimas para combatir la pobreza.

 Corresponde señalar que la OIT ha observado a nuestro país por el funcionamiento del SPP de cara al Convenio 102 de la OIT sobre la Seguridad Social (norma mínima), siendo uno de los aspectos principales el hecho que la cotización se efectué solo por el trabajador, lo que es contrario al artículo 71º que señala que el costo de las prestaciones y los gastos de administración de estas deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez.

Observación que igualmente alcanza al SNP; que es necesario subsanar ya que nuestro país ha ratificado el citado Convenio.

En cuanto al sistema publico, tenemos que este da como resultado que gran parte de trabajadores  que cotizan, al final no tienen nada  porque su tasa de reemplazo sera 0, y la pension que otorga es muy baja desanimando a los trabajadores de mayores ingresos.

De otro lado, es necesario tener presente que el envejecimiento de nuestra poblacion incidira en el Sistema Nacional de Pensiones, a traves de mayores presiones fiscales.

SOBRE EL NUEVO MODELO COMPLEMENTARIO

La OIT aludiendo a  la revison normativa del Sistema de Pensiones, ha indicado entre los objetivos fundamentales:  la necesidad del desarrollo de mecanismos voluntarios adicionales de ingresos que complementen la jubilacion. 

En esa linea, se considera que la mejor manera de solucionar los problemas del Sistema Alternativo, es la rediseñar su vinculacion en un marco integrado.

 •   Por todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que la concepcion de un Sistema Integrado Mixto Publico, resultaria atendible para una reforma pensionaria.

PROPUESTA - FTCCP

Bajo la visión de encontrar que una de las soluciones adecuada es el modelo complementario, en el marco de un sistema unificado, mixto y público; la FTCCP, presenta el diseño de un nuevo sistema de pensiones, que recoge los lineamientos de las revisadas, quiza atrevidamente adaptandola; bajo los principios universales de la seguridad social, con mecanismo de transparencia.

El sistema comprenderia a  los trabajadores sin distincion de su regimen laboral, asi como a los independientes, y aquellos que hoy contempla el Programa Pension 65, y peruanos en similares condiciones. La idea es que abarque a todos sin distincion; en el que aportarian Estado, Trabajadores y Empleadores.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PROPUESTO

El esquema constaría de tres pilares que constituirían las fuentes complementarias de la pensión; dos públicos, y uno privado.

Bajo las caracteristicas ya referidas, el enfoque que se propone estaría constituido por tres pilares:

1.- Primer Pilar Publico, de carácter obligatorio y solidario constituido por cuentas nocionales individualizada con aportación definida. 

Funcionaria como sistema de reparto que cubriría la Pensión 65 y a la par reconocería al aportante su derecho ha acceder a una pensión en función a sus aportes que se incrementan cada año para necesariamente obtener la pensión mínima anual. 

2.- El segundo pilar se integra al primero, es público y contributivo -obligatorio, de aportación definida individual con capitalización financiera donde las aportaciones son individuales de cada trabajador, y éstas se depositan en las cuentas nocionales e integrándose al anterior pilar con reglas propias.  Servirá junto con el primer pilar en la obtención de una renta vitalicia de lo que hoy conocemos como ONP.

3.- El tercer pilar es también uno de aportación definida, pero al sistema privado de pensiones elegido por el trabajador. Es de ahorro voluntario para un plan de pensiones individuales, en cualquier fondo de pensiones gestionado por entidades privadas. Por este pilar se obtendría una renta vitalicia de la aseguradora elegida.

De estos tres pilares se tendría la existencia de un programa de ahorro individual para la jubilación con una parte de reparto y otra de capitalización en la que la persona ahorra para sí misma.

Así, los principales pilares constituyentes del sistema son las cuentas individuales de los cotizantes, con un pilar (el primero) de esquema de reparto de contribución definida no financiera, y de cuentas nocionales individuales, de capitalización definida financiera. (el segundo) La diferencia entre el pilar de cuentas nocionales y el de contribución definida financiera es que en el primero la revalorización de las cotizaciones evolucionaria en consonancia con la economía y la evolución de los salarios, mientras que en el segundo lo hace conforme a la evolución de los mercados financieros. 

Estos dos esquemas se complementan con el pilar de ahorro en el sistema privado también de contribución definida.

En consecuencia, de estos tres pilares fundamentales se obtendría: 

    Garantía de una pensión mínima, para aquellos que no alcanzaron el número de aportación necesaria. En este caso es el Estado el que se encarga de financiar la parte que le hubiere faltado al trabajador aportar; y también financiaría, la pensión no contributiva.

     En el sistema de capitalización individual trabajadores y empleadores aportan destinándose a cuenta nocional del Estado que lo deposita en un fondo público.

    En el sistema de capitalización privado, trabajadores y empleadores aportan a un plan de pensiones individuales, en cualquier fondo de pensiones gestionado por entidades privadas.

 Cuando la persona solicita su pensión, el importe de la misma se calcula en función al capital acumulado en la cuenta individual del trabajador y de un factor de conversión del capital en renta vitalicia.

Complementariamente al sistema público y de capitalización individual, la persona que invierte en la capitalización de sus aportes, cuenta con un plan de pensión en el sistema privado que elija.

Este es el diseño esquemático de la fórmula que proponemos.

La intención de la FTCCP al presentar este diseño de un nuevo sistema pensionario, ha sido el aportar a la Comisión con miras a la promoción de los derechos sociales de los trabajadores.

Somos consientes que su aplicación, de prosperar, requerirá de cambios normativos; así como de estudios actuariales, y financieros que permitan la sostenibilidad del sistema.

Gracias

ALGUNAS PRECISIONES

   Debe precisarse que el sistema de cuentas nocionales no significa de modo alguno la privatización de la seguridad social, el sistema propuesto es Publico.

En efecto, es un sistema de cuentas nocionales de reparto en que los trabajadores en activo financian las pensiones de los que se jubilan en ese momento. La diferencia radica en que todo aquello que las personas cotizan se va a reconocer como un derecho en el momento en que se jubilan en que esos derechos se capitalizan.

  Es evidente, que la implantación del sistema que se propone es de manera progresiva, aplicable al momento de su entrada en vigencia a los trabajadores que ingresan al mercado laboral y por ende al sistema de seguridad social.

   A los trabajadores hoy pertenecientes a algunos de los sistemas vigentes, y que deseen ingresar al nuevo sistema, se les podrá otorgar bonos de reconocimiento.

   También el sistema propuesto pasa por la reformulación de la normatividad vigente, sobre todo en cuanto al mínimo de aportes y a la edad de jubilación.

En cuanto al mínimo de aportes, se tendría que determinar en función a uno dual, el aplicable de forma general y previendo uno de régimen especial que contemplaría la situación de aquellos que laboran en actividades de alto riesgo, como los de construccion civil a quienes no se les podría exigir más de 15 años de aportes, dada la naturaleza de sus labores (eventual).

  En cuanto a la edad no debe ponerse limitantes, porque si el trabajador está en la capacidad de laborar aun pasada la edad máxima que se pueda establecer, a efecto de acrecentar el monto de su pensión no debía de existir obstáculos para que el trabajador, que aun recibiendo su pensión pueda seguir efectuando aportes, y luego pedir la revalorización de su pensión.

  Igualmente, se tendría que establecer el monto de las aportaciones que financien el nuevo sistema, eventualmente tomando como referencia la de los países que la aplican. Ello en el marco de un estudio actuarial.

 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ (FTCCP)

La represión policial contra la protesta pacífica de los trabajadores durante la Jornada Nacional de Lucha del 23 de julio descubrió, una vez más, el velo de la intransigencia del Gobierno ante las demandas justas del pueblo.

El gabinete Cateriano inaugura, con bombas lacrimógenas y detención de obreros, una nueva etapa de acallamiento de las voces populares, las mismas que le exigen priorizar la salud y el trabajo, la ayuda solidaria a los más necesitados, antes que las ganancias de las empresas.

Mientras a las grandes empresas se les ofrece millonario créditos con aval del 98% del monto prestado, a los trabajadores y a un reducido sector de la población en general solo se ha ofrecido un bono familiar que no llega a quienes más lo necesitan y, cuando sucede, no sirve para enfrentar los más de 130 días de pandemia con las graves las consecuencias en la economías personales y familiares.

En el caso de los trabajadores en construcción civil, demandamos la reactivación de la construcción con planes de bioseguridad para cuidar la vida, pues muchos trabajadores se han contagiado en obras por no aplicarse un protocolo efectivo, lo que ha redundado en la nueva paralización de obras.

Con más de 2 millones 600 mil nuevos desempleados, Lima es una de las regiones más golpeadas por la crisis, con miles de infectados y muertos por Covid-19, con los hospitales colapsados, siendo sintomático de la incapacidad gubernamental para enfrentar la crisis incluso en la capital de la República.

Ante ello, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) exhorta al Gobierno a plantear la solución a estas demandas de los trabajadores y el pueblo peruano, que clama por tener las mismas oportunidades de sobrevivencia que el aparato gubernamental y empresarial peruano.

La crisis golpea a los más pobres, quienes son los que colocan la mayor cantidad de muertos y enfermos desde el inicio de la cuarentena. En momentos en el que el Ejecutivo calcula el regreso a una nueva cuarentena, es momento de replantear las prioridades del dinero del Estado. Los trabajadores demandamos el mismo trato que el Gobierno brinda a las empresas, en concreto el bono universal de 1000 soles para todos los peruanos, y no las migajas que el Gobierno está acostumbrado a darle a los peruanos de a pie.

Lima, 24 de julio de 2020

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