Millones de peruanos sobreviven en la pobreza y sin vacunas a la vista

Por Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

Es evidente que el Gobierno morado de Francisco Sagasti, igual que el de Vizcarra, no puede enfrentar la amenaza mortal de la COVID-19 ni trazar una acertada estrategia para la recuperación económica y salir de la profunda crisis social y el desgobierno.

El desempleo, los sistemas de salud colapsados, el sistema educativo ineficiente, los conflictos laborales, entre otros problemas, no son abordados de manera positiva, por lo que el presente es incierto para los peruanos; pero también nuestro futuro, pues aunque trabajemos toda la vida, no tenemos asegurado el acceso a una pensión de jubilación, en el sistema nacional de pensiones ONP ni en el sistema privado de pensiones AFP.

Ante la nueva ola del covid-19, nos queda a los peruanos cuidarnos siguiendo los protocolos de bioseguridad, para evitar miles de muertes y el mayor desempleo por la paralización del país, como sucedió en 2020 por la negligencia del Ejecutivo, que ha dejado hospitales carentes de camas UCI, oxígeno y médicos, y personal de salud en huelga porque el Estado les adeuda sus salarios y no les brinda implementos sanitarios. Millones de peruanos sobreviven en la indigencia y sin vacunas a la vista.

 

Hay responsabilidad de los empleadores, que deben implementar de manera estricta los protocolos de bioseguridad, y de los dirigentes sindicales y trabajadores, para cumplir y hacer cumplir estos protocolos. Ambos deben hacer un trabajo conjunto en los “comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo”.

Adicionalmente, el Gobierno debe fiscalizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad contra el covid-19, priorizando las actividades que hasta la fecha son el motor de la economía y generan puestos de trabajo, como es el sector de la construcción. SUNAFIL debe realizar una fiscalización intensiva.

Esto en cuanto al presente del trabajo y la vida. En cuanto al futuro, cuando llegue la edad de jubilación, se necesita un sistema de pensiones reformado íntegramente que asegure una pensión digna para todos sin excepción. La Comisión Multipartidaria de Reforma Pensionaria del Congreso debe emitir su dictamen y aprobar una reforma que genere pensiones para todos, y que considere a los regímenes especiales, como el de construcción civil.

En distintos espacios políticos y administrativos, incluyendo el Congreso de la República, hemos explicado nuestra demanda: que se restituya a los trabajadores en construcción su derecho a la jubilación con 55 años y 15 años de aportes, que fue eliminada por la dictadura de Fujimori.

El trabajo en construcción genera vejez prematura y los trabajadores se ven incapacitados de laborar a temprana edad. Somos un sector donde el trabajo es temporal y existe un 75% de informalidad. Así, los obreros de la construcción no pueden acumular veinte años de aportes.