La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) organizó la conferencia “Nuevas tecnologías y desplazamiento de mano de obra en el sector construcción” a cargo de Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS de Panamá y presidente para América Latina y el Caribe de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM).

La conferencia virtual fue trasmitida en vivo en la cuenta de facebook de la FTCCP fb.com/ftccperu este jueves 15 de octubre, desde las 7 de la noche (hora peruana).

Ver la conferencia 

Las instituciones que suscribimos este pronunciamiento, representantes de los sectores laborales, profesionales y empresariales de la actividad constructora en el país, nos dirigimos al señor presidente de la República, al Congreso Nacional y a la ciudadanía en general para expresar nuestra oposición a la ley recientemente aprobada que dispone la ampliación de los plazos para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. Esta ley es la más reciente expresión de una política de regularización de invasiones de tierras que el Estado peruano ha llevado adelante desde hace seis décadas y que ha fracasado como generadora de bienestar en la población más pobre del país.
Asimismo, dicha política de regularización tiene graves consecuencias económicas, sociales, ambientales e institucionales en nuestras ciudades, pues impiden la provisión oportuna y económica de servicios básicos; dificultan la conexión vial y la articulación de la ciudad; producen escasez de espacios públicos y áreas verdes; propician la segregación espacial; incrementan la contaminación ambiental y constituyen el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana.
Además, la prevalencia de estas actividades en nuestro país pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción. Quienes lucran con la informalidad son mafias delincuenciales que han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a las entidades públicas encargadas de combatirlas, pero también han adquirido presencia política sobre todo en los gobiernos locales y regionales y se aprovechan de personas necesitadas de vivienda.
Como consecuencia de esta política, más del 93% de la expansión producida en nuestras 43 principales ciudades en los últimos veinte años, corresponde al tráfico de tierras o a lotizaciones informales. Este modelo perverso que afecta en mayor medida a los más pobres, debe terminar. Más que combatir la informalidad urbana, es indispensable generar incentivos para construir formalidad.
Para ello es indispensable poner en marcha una estrategia de desarrollo urbano sostenible que reconozca la diversidad de problemas y oportunidades que plantean nuestras ciudades e incluya tanto la densificación urbana en sus zonas consolidadas como el mejoramiento de barrios marginales y, allí donde sea razonable y necesaria para reducir el tráfico de tierras, la generación de suelo formal en áreas de expansión urbana, asegurándose que en todos estos ámbitos exista una oferta sostenible de vivienda social. Ello exige cuando menos:
a) Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda social y equipamientos urbanos.
b) Articular las inversiones en infraestructuras y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.
c) Impulsar el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.
d) Fortalecer los programas estatales y créditos habitacionales, dotándolas de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social.
e) Implementar una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.
f) Incentivar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.
Llevar adelante una estrategia de esta magnitud y complejidad exige el consenso de actores públicos y privados, así como la asunción de compromisos de largo plazo. Pero es indispensable que estos esfuerzos se inicien lo más pronto posible. Por eso solicitamos al señor presidente de la República que observe esta Ley y al Poder Legislativo que, en lugar de aprobarla por insistencia, promueva un diálogo abierto que permita perfeccionarla y orientarla hacia los objetivos de transformar nuestras ciudades en competitivas e inclusivas y de impulsar la construcción sostenible.
Nos comprometemos a participar en este diálogo y a efectuar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el consenso que haga viable estas iniciativas.
Lima, 12 de octubre del 2020
Colegio de Arquitectos del Perú – CAP
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP
Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO
 

Trabajadores de la obra de mejoramiento del Hospital Ramón Egoavil Pando del distrito de Villa Rica (Oxapampa, Pasco) y de la obra de ampliación del penal de Pucallpa (Ucayali) denuncian despido de dirigentes de sus comités de obra como represalia por reclamar a los empresarios el pago de salarios de acuerdo al régimen de construcción civil.

Así lo informó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, quien respaldó al Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil - Base Villa Rica y el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Región Ucayali, que luchan en sus respectivas regiones contra las constructoras que incumplen la ley y contra los seudosindicatos y mafias que quieren extorsionar en construcción civil.

Villanueva Carbajal exigió a los gobernadores de las regiones Pasco, Pedro Ubaldo, y de Ucayali, Francisco Antonio Pezo, fiscalizar las empresas a las que otorgan la buena pro para obras que se realizan con dinero de todos los peruanos, porque a los obreros se les recorta el salario y no se les paga escolaridad, movilidad, bonificaciones de acuerdo al régimen de construcción civil.

 

Dos días de paro en Villa Rica

Tras el paro del 5 y 6 de octubre en las obras del hospital Ramón Egoavil de Villa rica, recordó que “no es la primera vez que el consorcio San Cristóbal, conformado por Odisea Perú S.A.C., Weihai Construc­tion Group Company Limited y Corporación Sohe E.I.R.L., arremete contra los trabajadores. En julio, los obreros fueron coactados para dejar su sindicato con la promesa de un puesto de trabajo, aprovechándose de su precariedad luego de tres meses de desempleo debido a la cuarentena por el covid-19”, afirmó.

Denunció que las empresas quieren pagar bajo la ley de la oferta y la demanda, aprovechando el alto desempleo.

“Una obra de más de 130 millones de soles tiene ya presupuestado el salario de los trabajadores. Si ese dinero no va al trabajador, alguien está haciendo uso indebido de ese monto. Son alrededor de cien trabajadores en esta obra del hospital de Villa Rica a los que no se les paga de acuerdo a ley. Y a quienes reclaman, los despiden, como sucedió con Marco Padilla y otros dirigentes del comité de obra reconocidos por el Ministerio de Trabajo”, advirtió Villanueva Carbajal.

 

Paro indefinido en obra de penal de Pucallpa

El dirigente sindical señaló que lo mismo sucede en la obra de ampliación del penal de Pucallpa, donde el Consorcio Ejecutor Ucayali despidió a Wálter Bohórquez, secretario general del comité de obra, y otros doce trabajadores, solo porque reclamaron por el recorte de salarios y beneficios laborales de acuerdo a ley.

“Con los despidos, los empresarios quieren atemorizan a los 300 trabajadores que laboran, aproximadamente, en esa obra, para que no reclamen sus derechos, pero desde el lunes 5 de octubre hasta la fecha los obreros se mantienen en pie de lucha con una paralización de la obra hasta que los empresarios cumplan con pagar el dinero que les deben. Todo abuso debe ser sancionado”, resaltó.

Finalmente, el secretario general de la FTCCP exhortó a los empresarios de todo el país a respetar la libertad sindical, amparada en el Art. 28° de la Constitución Política, el Título II del Decreto Supremo N° 010-2003-TR y el Art. 168° del Código Penal.

“Como no hay fiscalización laboral ni sanciones a los empresarios que delinquen recortando salarios y despidiendo arbitrariamente trabajadores, se acrecienta la informalidad, la pobreza y el desempleo en construcción civil. Esto debe cambiar”, finalizó.

Lima, 11 de octubre de 2020

 

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) denuncia que la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo cobró la vida de un obrero de construcción, el 6 de octubre, por un derrumbe de tierra y piedras en la construcción de un muro de contención en el asentamiento humano Sol Naciente del distrito de Independencia.

“Algunas autoridades consideran que en las obras pequeñas de los programas sociales del Estado no son necesarios los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es un completo error, porque tanto en obras pequeñas como en grandes obras el trabajador está expuesto a los accidentes fatales como sucedió en esta obra”, afirmó el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva Carbajal.

Señaló que por la falta de medidas de seguridad y salud cada vez lamentamos la muerte de obreros en construcción civil. Asimismo, denunció que, de acuerdo a información de los pobladores, no existían mallas de seguridad ni implementos mínimos para evitar un accidente fatal.

Argumentó que es importante que en todo tipo de obras se contraten para los trabajadores el Seguro Contra Trabajo de Riesgo (SCTR) y el “Essalud +Vida Seguro de Accidentes” que en caso de muerte asiste a la familia con una póliza de S/ 72,456 y un pago de S/ 1,150 por doce meses por concepto de canasta familiar.

“Es necesario generar trabajo, pero trabajo digno, con derechos laborales y seguridad y salud, para evitar accidentes mortales”, dijo.

Lima, 06 de octubre de 2020

Las empresas constructoras deben pagar los reintegros a los obreros en construcción civil por labores realizadas desde el 1 de junio hasta la fecha en que comenzaron a pagar conforme a la nueva tabla salarial.

Así lo informó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Lusi Villanueva Carbajal, que anunció que tras la publicación de los índices de reajuste de mano de obra del INEI en el diario oficial El Peruano, las empresas ya pueden hacer el cálculo de los reintegros.

“El 14 de setiembre nuestra Federación firmó el convenio colectivo con CAPECO mediante el cual se elevan los salarios, válidos para los trabajadores desde el 1 de junio. También deben pagar reintegros a trabajadores liquidados que hayan laborado desde el 1 de junio”, afirmó.

Villanueva Carbajal advirtió que existe un 75% de informalidad en el sector construcción, por lo que exigió mayor fiscalización de las municipalidades, SUNAFIL e inclusive de los ministerios que otorgan la buena pro a constructoras, pero no fiscalizan el cumplimiento de los derechos laborales en obras que se realizan con dinero del Estado.

“En la práctica, existe un abandono de las obras que se realizan con dinero del Estado. Las constructoras, sobre todo subcontratistas y extranjeras, no pagan el salario que por ley debe dársele a los trabajadores y las instituciones que otorgan la buena pro no fiscalizan que el dinero que han invertido cubra todos los derechos de los trabajadores, derechos que ya están presupuestados”, reveló.

Recordó que el sector construcción civil comenzó a operar desde la Fase 1 de la reactivación económica e informó que en la actualidad existe alrededor de 65,000 trabajadores en actividad en obras formales e informales, que necesitan fiscalización del cumplimiento de sus derechos laborales y de los protocolos de seguridad y salud para evitar el contagio del covid-19 así como accidentes discapacitantes y mortales.

“Exigimos mayor fiscalización para evitar contagios, accidentes, muertes y que el dinero del Estado llegue a los trabajadores”, finalizó Villanueva Carbajal.

Lima, 5 de octubre de 2020

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