El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denuncia práctica anticonstitucional de Consorcio San Cristóbal en la única obra de provincia contra trabajadores con más de 100 días de desempleo.

En una práctica anticonstitucional, el Consorcio San Cristóbal, que realiza obras por más de 100 millones de soles en un hospital de Pasco, coacta a los trabajadores de la construcción conminándolos a renunciar a su sindicato para darles trabajo.

Así lo denunció el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, quien demandó al Gobierno Regional de Pasco velar por los derechos de los trabajadores en la obra “Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del Hospital Román Egoavil Pando, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, región Pasco”.

“El Gobierno Regional de Pasco otorgó en noviembre de 2019 la buena pro al Consorcio San Cristóbal para esta obra. El gobernador Pedro Ubaldo debe exigir a los empresarios el res­peto de los derechos laborales, como el derecho a la sindicali­zación”, demandó.

Villanueva Carbajal recordó que el Consorcio San Cristóbal está conformado por Odisea Perú S.A.C., Weihai Construc­tion Group Company Limited y Corporación Sohe E.I.R.L., y la obra estuvo valorizada, en un principio, en 114 millones 318 mil 830.30 soles y actual­mente supera los 130 millones, de acuerdo a información del mismo Gobierno Regional.

“Esta es la única obra en Villa Rica, por lo que es importante para los trabajadores contar con un puesto de trabajo luego de más de 100 días de desempleo. No se puede coactar a los obreros a renunciar a su sindicato para darles trabajo. Es inconstitucio­nal e inhumano”, aseguró.

Informó que en la Consti­tución Política, en su Capítulo II sobre los Derechos Sociales y Económicos, artículo 28, se señala expresamente que “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga” y “Garantiza la libertad sindical”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil Base Villa Rica, Gregorio Pitman, señaló que las labores reiniciaron la semana pasada, fecha en que la empresa le informó que por la pandemia no trabajarían con sindicatos.

“Nos reunimos con el gerente de la empresa, quien nos informó que por la pandemia no van a trabajar con sindicatos. Eso no lo entendemos. No tiene nada que ver la pandemia con el trabajo.

Tenemos derecho al trabajo y a la sindicalización. Es anticonstitucional exigir la renuncia a un sindicato. Los empresarios deben cumplir con la Constitución Política y los derechos del régimen de construcción civil, incluyendo la tabla salarial”, señaló.

(Tomado del diariouno.pe, 18 de julio de 2020)

 

 

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, denunció que las mafias de construcción civil en Piura asesinaron esta mañana al secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Jerson Henry Noé Suárez.

 

Los sicarios ejecutaron alrededor de 8 disparos. Noé Suárez fue ultimado cuando se encontraba en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, próxima a iniciarse, a pocos metros del local de la Primera Brigada de Caballería del Ejército del Perú, en el sector Loma de Teodomiro.

 

El dirigente sindical, también presidente del Frente Colegiado por la Defensa de los Derechos e Intereses de la Provincia de Sullana, formado en 2017 por la sociedad civil, fue trasladado al Hospital de Apoyo II de Sullana, donde falleció aproximadamente una hora después.

 

“Exigimos al Ministerio del Interior y Ministerio Público la captura inmediata y encarcelamiento de quienes planearon y ejecutaron el asesinato de nuestro compañero. Con Jerson Noé Suárez ya son 19 los dirigentes de sindicatos afiliados a la FTCCP asesinados desde 2011 por las mafias de la construcción. Su muerte no debe quedar impune”, demandó el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva.

 

Villanueva Carbajal advirtió a las autoridades que las mafias de construcción están al acecho de las obras de construcción en esta fase de reactivación económica, por lo que demandó no bajar los brazos en la lucha contra la delincuencia en el sector.

 

“Las mafias infiltran a sus secuaces en las obras para tener información valiosa y delinquir desde adentro, venden puestos de trabajo a los obreros, extorsionan a los trabajadores con tarjetas de polladas, entre otros. Por ello, es necesario la lucha frontal contra la delincuencia en construcción civil”, sentenció.

 

Lima, 13 de julio de 2020

 

Exposición del secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, de los "Lineamientos generales de una propuesta de pensiones" de nuestra Federación, el 4 de julio de 2020, en la Primera Audiencia Pública virtual de la Comisión Especial Multipartidaria del Sistema Pensionario del Congreso de la República.

“Congresista Carmen Omonte, presidenta de la Comisión, señoras y señores congresistas que están participando en esta audiencia pública:

En mi calidad de representante de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, indico que oportunamente presentamos un documento denominado “Lineamientos generales de una propuesta de pensiones”. Esto en el marco de nuestras funciones de protección y defensa de los derechos de los trabajadores en construcción civil a nivel nacional, que representamos, de acuerdo a nuestros estatutos, y como un aporte a la anunciada reforma de pensiones en nuestro país.

El factor que nos motivó a presentar este documento es que conocemos y vemos de cerca la realidad de los trabajadores en construcción civil, que no podemos o no pueden acceder al derecho pensionario en el sistema público por no poder aportar los 20 años de aportes, que es una exigencia injusta y que nos discrimina a nosotros los trabajadores de este sector. No consideran que nuestra labor es eminentemente eventual, lo cual debe superarse. Y esa es nuestra principal petición que hacemos a esta comisión.

No me voy a referir al sistema privado de pensiones porque ya lo han dicho, es un sistema no solamente injusto, sino que es una estafa para los trabajadores y especialmente para los trabajadores de la construcción, porque podemos acumular en esas cuentas individuales muy poco ahorro.

El documento al que me he referido, que hemos presentado, contiene cinco capítulos y transita por aspectos generales del derecho a la pensión y también algunos planteamientos especializados sobre pensiones que nos ha servido de insumo. Allí también exponemos sobre el modelo del sistema pensionario de Suecia que se encuentra implementado en diversos países con gradual éxito, que, además, es una propuesta que lo ha recogido el Banco Interamericano de Desarrollo.

Luego, en nuestro documento, exponemos que en el Perú existe la necesidad de un sistema unificado, al considerar que la actual normatividad refleja muchas inequidades que dan como resultado pensiones precarias y, en su caso, una negación a la pensión por la exigencia de 20 años de aportes en el sistema nacional de pensiones, lo que todos los especialistas nacionales y extranjeros cuestionan.

En este orden, concluimos en nuestra propuesta que se debe establecer un sistema unificado mixto y dirigido por una autoridad central pública en el Perú.

Y este sistema unificado debería contemplar la integración del sistema nacional de pensiones y el sistema privado de pensiones. Y a estos dos se debe sumar el programa no contributivo que es Pensión 65, el que si bien actualmente no forma parte del sistema pensionario, pero cubre las necesidades mínimas de las personas que a su avanzada edad no tienen ingresos y que también merecen un trato justo.

En el sistema que nosotros proponemos, los afiliados cotizarían tanto al sistema privado de pensiones como al sistema nacional de pensiones. Una parte de la pensión vendría del sistema privado de pensiones y la otra parte vendría del sistema nacional de pensiones.

El Sistema Nacional de pensiones pasaría a ser un sistema de cuentas nocionales que recibe puntos del salario que se acreditarán a una tasa de interés nocional. La otra parte se destina al sistema privado de pensiones y se acumulará de manera real.

Del Sistema Privado de Pensiones se tendría una renta vitalicia de una aseguradora y en el Sistema Nacional de Pensiones también una renta vitalicia, que vendría a ser lo que ahora es la ONP (Oficina de Normalización Previsional).

Este esquema se centra en tres pilares. El primer pilar es público y ese pilar público tendría de carácter obligatorio y estaría constituido por cuentas nocionales individualizadas con una aportación definida. Es un sistema de reparto en que al trabajador se le reconoce sus derechos a acceder a una pensión en función a los aportes que se incrementan cada año. De esta forma, la suma del capital en la cuenta nocional servirá para calcular el monto de la pensión anual, calculándose el tiempo pensionario que tendría que poder definirse.

El segundo pilar de nuestra propuesta es también un pilar público, donde también es obligatorio y de aportación definida individual, es de capitalización financiera donde las aportaciones son individuales, de cada trabajador, y esta se depositan en las cuentas nocionales e integrándose al anterior pilar con reglas propias.

El tercer pilar de nuestra propuesta es también uno de aportación definida, pero al sistema privado.

De estos tres pilares se obtendría la garantía de una pensión mínima para aquellos que no alcanzaron el número de aportación necesaria. En este caso, es el Estado el que se encargará de financiar la parte que le hubiera faltado aportar al trabajador y también financiaría en parte la pensión no contributiva, nos referimos a Pensión 65.

En el sistema de capitalización individual, trabajadores y empleadores tenemos que aportar y destinándose a una cuenta nocional del Estado que lo deposita en un fondo público.

En el sistema de capitalización privado, trabajadores y empleadores también aportaríamos a un plan de pensiones individuales, en cualquier fondo de pensiones gestionado por entidades privadas. Cuando la persona solicita suspensión, el importe de la misma se calculará en función al capital acumulado en la cuenta individual del trabajador y un factor de conversión del capital en renta vitalicia.

Estos son nuestros planteamientos desde la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que somos un sector muy vulnerable y somos un sector que permanentemente somos discriminados al acceso pensionario. Muy pocos trabajadores de nuestro sector podemos acceder a una pensión pública, y ya lo he señalado, porque no podemos acumular 20 años de aporte por la eventualidad nuestras labores, y en el sector privado también somos discriminados porque no tenemos oportunidad de tener o hacer una buena recaudación o buenos ahorros en estas cuentas individuales.

Esperamos que se tenga en cuenta nuestros planteamientos. Somos conscientes también que la reforma previsional requiere de un amplio debate. Por eso esta audiencia pública la consideramos muy oportuna, y, como lo ha señalado ya la congresista Omonte, va a haber también otros debates.

También creemos que debe contemplarse el proceso de transición al nuevo sistema pensionario. Si es que se logra concretar esta reforma pensionaria, se debe contemplar el proceso de transición a ese nuevo sistema pensionario. También se debe considerar la evaluación de los costos fiscales y el estudio actuarial que se va a requerir y la garantía de su eficacia y también la igualdad de oportunidades para todos con miras a la mejora de la calidad de pensiones entre otros factores.

En nombre de mi institución, quiero agradecer por esta oportunidad en esta audiencia pública y esperamos, pues, que al final lleguemos a una reforma pensionaria justa y equitativa que nos hace falta todos los peruanos. Muchas gracias”.

Lima, 4 de julio de 2020

 

El Perú se encuentra entre los primeros países del mundo con mayor número de muertos e infectados, con millones de desempleados y personas sin asistencia del Estado.

Esto se debe a un sistema de salud ineficiente y que tiende a la privatización, un mercado laboral informal que no respeta derechos laborales, un país entregado a las empresas, que no apuesta por generar bienestar social en su población.

Los países con más contagios y muertes por Covid-19 en La­tinoamérica y el Caribe tienen gobiernos neoliberales, como el Perú. En cambio, Cuba, apenas 85 a pesar del bloqueo criminal de los EEUU.

Si bien no se mata a la población directamente, se la deja morir en hospitales, en sus casas, en las calles. Camionadas de muertos van a cementerios clandestinos. Las epidemias son inevitables, después del SARS de 2002, la gripe aviar de 2005, la gripe porcina de 2009 y 2012 (MERS), el dengue de siempre; el sistema de salud siguió privatizándose y los Gobiernos fueron disminuyendo el presupuesto para proteger la salud del pueblo.

Este panorama empeora con el despilfarro de S/ 60,000 millones de Reactiva Perú que no llegó ni al 3% de las MYPE, pero sí ha beneficiado a los oligopolios de la CONFIEP, a empresas investigadas por corrupción, otras que se beneficiaron con los ceses colectivos, clínicas que cobran medio millón de soles por paciente, que han visto en la pandemia una oportunidad de lucrar con la muerte.

Por ello, los trabajadores salimos a las calles el 23 de junio, en la “Movilización por salud y vida, trabajo y alimentación”, en una jornada nacional de lucha convocada por la CGTP a cien días de la cuarentena con hambre a la que nos ha conminado el Gobierno.

Han sido mayormente los medios internacionales los que han informado la verdad: la protesta se realiza porque la economía peruana se hunde, existen millones de nuevos desempleados, hay 3000 contagios diarios, se prevé una hambruna, y se concede el lucro a las grandes empresas, mientras los pobres ponen la mayor cuota de sangre en esta pandemia esperando los bonos fantasmas que nunca llegan.

Esta realidad que enardece es la que combaten los trabajadores en las calles, demandando un verdadero bono universal de 1000 soles, el rechazo a la amenaza del recorte de los servicios básicos, atención a las demandas de los aportantes y exaportantes de la ONP, entre otras exigencias.

Los trabajadores y el pueblo organizado seguiremos exigiendo al Gobierno políticas coherentes que beneficien la salud y vida, el trabajo y alimentación de los peruanos desposeídos. No se puede obligar a un pueblo a no luchar por su bienestar y que mire pasivamente cómo se enriquecen con la pandemia los oligopolios de la CONFIEP.

(Tomado del diario UNO, 30 de junio de 2020)

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