La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) participará del conversatorio virtual “El diálogo social y los retos derivados del covid-19”, que se realizará el 2 y 3 de diciembre, de 7 p.m. a 9 p.m., en el que también se encontrarán presentes la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la Asociación para el Trabajo (APT), CGTP-ABA, Fetrimap, entre otras instituciones.

En este encuentro, trabajadores y empresarios compartirán experiencias de diálogo social bilateral en el contexto de mitigación y superación de los efectos del covid-19. Las inscripciones son libres en el enlace https://bit.ly/2JfTkys

“Necesitamos una nueva Constitución, un nuevo pacto social, pues la Constitución actual es la causa de muchos problemas”, afirmó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva, durante la movilización nacional de la CGTP el 24 de noviembre.

Villanueva Carbajal señaló que el Gobierno de transición de Francisco Sagasti deberá resolver el problema económico, controlar la segunda ola de la pandemia del covid-19, asegurar la transparencia de las elecciones generales de abril, y puede sentar las bases de un nuevo pacto social con un referéndum constitucional.

“Nadie le pide a Sagasti que cambie de Constitución, sino convocar un referéndum en abril, el día de las elecciones, para que el pueblo decida si quiere una nueva Constitución Política”, afirmó Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP.

Informó que la Jornada Nacional de Lucha del 24 de noviembre es la más reciente de una serie de protestas que se han realizado desde el inicio del estado de emergencia por la precariedad de los trabajadores durante la pandemia.

“Los trabajadores no han dejado de movilizarse, porque el expresidente Martín Vizcarra paralizó el país sin brindar apoyo efectivo a los trabajadores. Entregó dinero a las grandes empresas, pero se olvidó de los trabajadores”, argumentó.

Además, el dirigente sindical advirtió que la reactivación económica, sobre todo del sector construcción, se está dando en medio de un mercado laboral informal, por lo que se necesita mucha fiscalización para evitar la informalidad y el incumplimiento de los derechos laborales.

“Se crea empleo sin derechos, aprovechando la angustia de los trabajadores tras meses de paralización, y esto en construcción civil se realiza incluso en obras con inversión estatal, con dinero de todos los peruanos”, denunció.

Por eso, manifestó, se han reunido con funcionarios del Ministerio de Economía, OSCE, Contraloría de la Republica, Sunafil, entre otras instituciones estatales, y buscan un encuentro con la AMPE, para que haya una mejor coordinación para el cumplimiento de los derechos laborales.

Por: Luis Villanueva Carbajal

Una nueva Constitución no es prioridad para el presidente de la República, Francisco Sagasti, pero sí para quienes se mantienen en protesta exigiendo enterrar la Constitución de la dictadura fujimorista.

Sería el primer paso para solucionar la crisis estructural que padece el Perú, porque hemos rotado Gobiernos (cuatro desde 2016), pero nada ha cambiado.

Los salarios y pensiones son miserables, existen millones de desempleados, hay explotación laboral, el sistema público de salud y educación es insufrible y el privado es un asalto, los servicios básicos son lujos de ciertas clases sociales. La Generación del Bicentenario ha dejado el estudio por falta de dinero y tecnología, o malvive con trabajos esclavos. Los bonos para los aportantes de la ONP fueron negados por Sagasti, que continúa la política de PPK y Vizcarra, investigados por corrupción, al igual que Julio Guzmán (líder del oficialista Partido Morado), quien habría recibido 400,000 dólares de Odebrecht para la campaña de 2016.

Es decir, la desigualdad social y la corrupción se profundizan por la permanencia del injusto modelo económico neoliberal que se sustenta en la actual Constitución. En ese sentido, el 25 de mayo ingresó a Mesa de Partes del Congreso de la República el proyecto de Ley 5350/2020-CR para una nueva Constitución, suscrita por ocho congresistas de Acción Popular a iniciativa de Orlando Arapa Roque; y el 18 de noviembre se presentó la Moción de Orden del Día 13056 suscrita por el grupo parlamentario Descentralización Democrática (Felícita Tocto Guerrero, Betto Barrionuevo Romero, Mariano Yupanqui Miñano, Grimaldo Vásquez Tan y César Gonzales Tuanama), para que el Congreso exhorte al Ejecutivo a convocar a un referéndum el 11 de abril “para elaborar y aprobar una nueva Constitución”.

También la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú ha planteado en un comunicado que ese día, junto con las elecciones presidenciales, se realice este referéndum. Otras organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales se están sumando a la idea.

Los trabajadores estamos en movilización constante y aún más desde abril, cuando Vizcarra inició los despidos masivos con la “suspensión perfecta de labores” y la repartija de miles de millones de soles para las grandes empresas. La lucha continúa este martes 24 de noviembre, en una movilización nacional por una nueva Constitución y derechos laborales convocada por la CGTP.

 

LOS OBREROS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL FRENTE A LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL PERÚ

 

¡POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA!

QUE REPRESENTE LA VOLUNTAD DE LOS PERUANOS

 

A puertas del BICENTENARIO, los poderes del Estado, sin excepciones, están totalmente desprestigiados y repudiados por el pueblo. La oligarquía y la burguesía parasitaria y sus partidos políticos, que han gobernado el país durante décadas, también están desacreditados, no representan hoy ninguna alternativa de cambio, por el contrario, son parte de la crisis, que golpea a la inmensa mayoría de los peruanos, agobiados por la pandemia del COVID-19 y la caída de la economía que equivale a 12 años de retroceso, tan igual que Brasil.

 

El CORONAVIRUS, además de matar a más de 80 mil compatriotas e infectar a casi un millón de personas, ha puesto sobre la mesa la realidad de la pobreza y la verdadera situación ruinosa de los servicios de salud —colapsado—, el estado miserable de la infraestructura educativa, la carencia del servicio de agua potable para millones peruanos, se agrega la real dimensión moral de funcionarios del Estado que se han enriquecido con las compras de mascarillas, pruebas rápidas, la ayuda social, etc., destinadas para atender a la población vulnerable, al personal de salud, a la PNP y otros trabajadores en la primera linea de lucha contra el virus.

 

Las políticas erráticas del Gobierno de Vizcarra permitieron la especulación de las clínicas privadas, el acaparamiento de medicinas, el oxigeno y la paralización de la economía. La corrupción ha mostrado su podredumbre ante una grave situación de crisis sanitaria, económica y social, sin que a la fecha haya sanción a los corruptos de la pandemia.

 

Martín Vizcarra Cornejo, no obstante, de ser el peón de la CONFIEP, el gremio de las grandes empresas nacionales y extranjeras, que en plena pandemia del COVID-19, pone la agenda política y económica a los gobernantes de turno, a los medios de comunicación y otros poderes fácticos serviles al neoliberalismo, a la corrupción y la impunidad: FUE VACADO.

 

Existen indicios de corrupción en las que está implicado el expresidente Vizcarra, tanto como Gobernador de la Región de Moquegua en las obras del Hospital Regional y las Lomas de Ilo—, según investigaciones de la Fiscalía. Igualmente, la información de testigos lo involucran en cobros de coimas durante su paso por el Ministerio de Transporte; tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en el caso “Richard Swing”; los recientes chats de Vizcarra provenientes de celulares del exministro José Hernández, que contiene conversaciones de varios años, que corroboran las versiones de los aspirantes a colaboradores eficaces. Hoy Vizcarra tiene que someterse a la justicia para deslindar los serios indicios de corrupción que investiga el Fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato.

 

Durante la cuarentena por el COVID-19, Martín Vizcarra dio la espalda al pueblo y obligó a los trabajadores a gastar sus fondos de AFP, sus CTS y sus pocos ahorros para sobrevivir. A los trabajadores los condenó con la Suspensión Perfecta de Labores, a los Ceses Colectivos. Mientras que a los grupos de poder económico les dio 60,000 millones de soles, con la garantía del Gobierno.

 

Con la asunción a la presidencia de la República de Manuel Merino, ha estallado una confrontación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, vinculados a los grandes intereses económicos que sangran al país y a los peruanos.

 

La creciente indignación que moviliza a miles de ciudadanos a nivel nacional es resultado de la profundización de la pobreza a causa del sistema económico y social capitalista neoliberal, que nos han impuesto durante hace más de tres décadas los gobiernos de Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra, teniendo como base legal la Constitución fujimorista de 1993.

 

Nuestra justa protesta social debe ser conducida hacia objetivos que permitan dar solución a las demandas populares, y que no se diluya en la anarquía del grito, para favorecer a las fuerzas oscuras que manipulan la indignación de los peruanos cansados de la corrupción, del saqueo de nuestras riquezas naturales y el robo sistemático del erario nacional.

 

Para la derecha tradicional y los partidos políticos confesos del neoliberalismo la crisis del país es esencialmente política, más no económica y que se resolvería con una buena gestión, poner más orden frente a las protestas populares, rebajar los derechos laborales, dar mayores gollerías a los inversionistas, y profundizar las privatizaciones de los servicios de la educación, la salud, las cárceles, etc. y continuar entregando el patrimonio nacional al capital extranjero.

 

Los obreros de la construcción consideramos que la crisis es integral y tiene raíces estructurales y coyunturales. Su causa principal radica en la persistencia de un modelo económico excluyente que beneficia a unos cuantos y excluye a las grandes mayorías, principalmente a la juventud peruana, cuyo futuro es incierto y hoy en día sale a las calles para exigir cambios radicales y no las recetas de la CONFIEP que propugna el trabajo esclavo juvenil bajo la engañosa monserga de la productividad y competitividad.

 

Es necesario deslindar con los oportunistas como Julio Guzmán dueño del Partido Morado, ultraneoliberal, quienes con rostro maquillado pretenden engatusar a la juventud estudiosa y trabajadora para dar continuidad al sistema capitalista neoliberal, que ha llevado al país a la profunda crisis estructural y que la pandemia del COVID-19 ha hecho estallar en todos los ámbitos: político económico, sanitario, educativo, laboral, moral, etc.

 

Los trabajadores afirmamos que mientras que se mantenga el actual modelo y el empresariado neoliberal eluda su responsabilidad social, no habrá estabilidad política y la crisis continuará con cualquier gobierno del mismo signo.

 

El capitalismo neoliberal conlleva a la destrucción de las instituciones del Estado, potencia la corrupción, el individualismo y la violencia social; el narcotráfico ha penetrado a los partidos políticos, haciendo cada día más peligrosa la vida social de las nuevas y futuras generaciones.

 

El PERÚ requiere una nueva CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA, que asegure la soberanía de nuestros recursos naturales, la gratuidad de la salud, educación pública y de calidad, independencia económica, soberanía defensiva, desarrollo técnico científico y derechos humanos plenos.  Que vele por el bienestar de las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, trabajadores informales de los diversos sectores, estudiantes de los institutos tecnológicos y universidades, profesionales, asalariados, miembros de las fuerzas armadas y policiales de menor rango, maltratados y olvidados.

 

Al gobierno transitorio le exigimos que asegure una mejor política contra la pandemia y la recuperación económica del país; garantizar la transparencia de las elecciones generales de 2021; la derogatoria de los Decretos de Urgencia que atentan contra los derechos laborales, que la gestión del expresidente Vizcarra aprobó; replantear el Presupuesto Nacional dando mayor énfasis al sector salud y educación golpeados por la pandemia y la inversión pública en obras de infraestructura.

 

Hacemos un llamado a los trabajadores y al pueblo peruano, a las organizaciones sociales y populares a estar vigilantes de las acciones del nuevo gobierno transitorio, exigiéndole que cumpla con las demandas económicas, sociales, y mejores resultados en la lucha contra la pandemia y contra la corrupción y la impunidad CAIGA QUIEN CAIGA, garantizando que las investigaciones de los fiscales anticorrupción no sean interrumpidas.

 

La FTCCP demanda al Gobierno Transitorio y al Congreso de la República: que en las elecciones generales del 11 de abril o en la votación de Segunda Vuelta, se incluya una cédula de Consulta Popular por: UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA

 

Tenemos que cambiar el actual sistema neoliberal, establecer una Nueva CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA y sobre esta base construir una nueva sociedad, una nueva República democrática y soberana. En ese camino que iniciamos invitamos a las organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos en general,  para sumar esfuerzos para elaborar una propuesta constitucional.

 

Lima, 13 de noviembre de 2020

Secretariado Ejecutivo de la FTCCP

Por: Luis Villanueva Carbajal



Se calcula que fueron más de 10,000 los trabajadores movilizados en Lima desde la Plaza San Martín hacia el Congreso de la República en la Jornada Nacional de Lucha del 5 de noviembre convocada en todo el país por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

La CGTP ha denunciado la política de pauperización de la clase trabajadora intensificada durante la pandemia con la “suspensión perfecta de labores” y ceses colectivos, y despidos sin lugar a reposición, mantenimiento de regímenes de explotación como el agrario o el CAS, entre otras medidas, así como el despilfarro del erario nacional en programas que no han detenido el avance del covid-19 ni reactivado la economía del país.

Construcción Civil se movilizó en demanda de la reactivación de la construcción, debido a que solo 86,000 trabajadores de 450,000 están laborando; lucha frontal contra la delincuencia en obras que recurre a la extorsión y el sicariato; alto a la informalidad laboral en construcción, sector donde se vulneran derechos y pagan salarios por debajo de lo que la ley manda, esto incluso en obras públicas licitadas por organismos del Estado y pagadas con el dinero de todos los peruanos.

Otro punto de nuestra agenda es el restablecimiento de la jubilación con 15 años de aporte y 55 años de edad en construcción civil, derecho conculcado por la dictadura fujimorista. Ese derecho nos fue concedido por la eventualidad del trabajo y el alto envejecimiento prematuro comprobado de los obreros de la construcción civil. Tras los cambios de la dictadura fujimorista en el sistema de pensiones, que exigió 20 años de aportes a todos, solo el 9% de los obreros del sector pudo jubilarse en el sistema público. El sistema privado no ofrece ninguna garantía de una pensión digna.

Ante ello, meses atrás, hemos expuesto en el Congreso de la República la propuesta de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú para la reforma integral del sistema de pensiones. Esperamos que esta propuesta sea recogida por los parlamentarios de tal manera que para el bicentenario de la República no exista ningún peruano sin pensiones dignas.

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